Hablemos (en serio)

En una editorial reciente José Antonio Ocampo, Presidente de ICRICT, aborda entre otros elementos de las reformas en curso en el ámbito de la tributación internacional la iniciativa de un impuesto corporativo mínimo efectivo. Este debiera ser de al menos de 25%, para poner fin a la competencia a la baja de los impuestos a las empresas. Efectivo quiere decir sin exenciones. En la actualidad dicha tasa efectiva ronda el 10 por ciento en muchos países, llegando como máximo a un 20% en varias jurisdicciones europeas. Las exenciones están orientadas, como una medida de política económica, a atraer inversiones, domésticas o extranjeras. Y los beneficios son entonces una retribución a dichas inversiones. Parece de buena crianza. El problema es que, como bien plantea Stiglitz en sus escritos, vivimos en un mundo de economías de rentas, no de mercado. Las tradicionales empresas extractivas, las recientes enormes empresas digitales o los monopolios del Retail reciben beneficios que van mucho

Me encuentro participando en la redacción de un documento coordinado por nuestra colega de ICRICT Magdalena Sepúlveda titulado "Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal". Se trata de recordar y reiterar los compromisos y obligaciones que los Estados han asumido a nivel internacional y en sus propias Constituciones. En su principio 1 el documento reza que "los Estados deben asegurar una política fiscal que tenga como finalidad fundamental la realización de los derechos humanos". Y afirma, "la política fiscal debe ser comprendida como un instrumento para la garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)". Queda claro, pero cómo se hace? Con leyes de rango constitucional. Los DESCA han de estar en el centro de las garantías constitucionales, y las finanzas públicas ordenadas en torno a ello. Son muchos los principios y directrices del documento, que todavía está en estado de c

La reforma tributaria toma forma; se dice que rendirá alrededor de 2 mil millones de dólares en régimen, un 0.7 del PIB (si tomamos la cifra de PIB de 277 mil millones de dólares al 2017), provenientes en su mayoría del patrimonio inmobiliario de super ricos y de la eliminación de exenciones a los impuestos corporativos. Un avance. Ínfimo, en realidad, cuando se compara con la asignación presupuestaria vigente. El gasto militar per cápita, por ejemplo, es uno de los más altos de la región. Como lo señaló un interesante estudio de la Fundación SOL de este año, el Estado chileno destinó 2.434 millones de dólares para 174.000 pensionados de Fuerzas Armadas y de Orden, y 2 mil millones para el Pilar solidario de las pensiones de 1.5 millones de personas (civiles). 10 veces más. Cambiará estas proporciones la Agenda Social del Gobierno? No se trata solo de pensiones, sino de gasto militar en general. A la vista de las nuevas reglas de financiamiento plurianual de las Fuerzas Armadas, c

En estos días agitados y de mucho diálogo fui invitado a un Conversatorio sobre "Propuestas para Un nuevo Pacto Social con Justicia Fiscal y Tributaria", convocado y organizado por las Asociaciones del Servicio de Impuestos Internos de Chile. Más allá de las propuestas de reforma tributaria de los panelistas --sorprendentemente coincidentes por lo demás -- me impresionó el informe que se presentó, en que trabajaron más de 3000 funcionarios a lo largo de todo el país. No pueden estas equivocados aquellos que trabajan día a día fiscalizando y buscando mejorar el sistema tributario. En su diagnóstico, el documento expresa "..la percepción existente respecto a nuestro sistema tributario vigente es que es especialmente complejo, regresivo, inequitativo e injusto, y que otorga un trato preferente a las personas de mayores ingresos". Y se desprenden entonces una multitud de propuestas para, verdaderamente, construir un nuevo régimen tributario (NRT). Las más importantes a